Principales
elementos articuladores que favorecen el aseguramiento de la calidad de la
educación
En los últimos años, se ha desarrollado en el país una discusión
amplia y profunda acerca del concepto de “educación de calidad”, tanto en el
ámbito académico como en el terreno de las políticas públicas, y en el entorno
más extendido del debate público nacional. A partir de esta discusión se ha
llegado a un consenso respecto a la necesidad de asegurar una “educación de calidad”
amplia e integral, que incorpore aspectos tanto individuales como sociales
involucrados en el proceso educativo y que ponga el foco en el aprendizaje
permanente de las personas, como lo señala el artículo 2º de la Ley General de
Educación (LGE):
“La educación es el proceso permanente de aprendizaje que
abarca las distintas etapas de la vida de las personas, y que tiene como
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de
valores, conocimientos y destrezas”
Tal como lo plantea la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley
SAC, artículo 1º), es claro que cualquier definición de educación de calidad
debe basarse en una concepción integral del ser humano. Se trata de poner en el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al niño, niña, joven y/o adulto,
promoviendo el despliegue de todas las dimensiones de su desarrollo.
A través de la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley N° 20.529)
se reformulan las funciones del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional
de Educación, y se crean dos nuevas instituciones educativas: La Agencia de
Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, todo ello en pos
del mejoramiento de la calidad de la educación. Esto es
consistente con lo señalado en la LGE en su artículo 3º letra b con respecto a
que la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas,
independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos
generales de la educación expresados en el currículum nacional.
De acuerdo a la ley SAC, las instituciones cumplen determinados
roles los cuales se articulan y complementan entre sí, para
dar cumplimiento al mandato de la ley general.
Ministerio de Educación: Es el órgano rector del sistema, y tiene entre sus objetivos
proponer e implementar la política educacional, elaborar las bases curriculares
y otras herramientas fundamentales para la gestión del sistema educacional
(tales como los estándares de aprendizaje, otros indicadores de la calidad
educativa y los estándares indicativos de desempeño, entre otros), además de
prestar apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales y a sus
sostenedores, junto con promover el desarrollo profesional docente.
Agencia de la Calidad de la Educación: Tiene por objeto evaluar
y orientar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus
sostenedores, evaluar los logros de aprendizaje de las y los estudiantes e
informar a los centros escolares y la comunidad sobre su funcionamiento en
distintos ámbitos de gestión, para favorecer su mejoramiento continuo
Superintendencia de Educación: Se orienta a asegurar
condiciones esenciales para la calidad de la educación y el resguardo de los
derechos de todos los actores de las comunidades educativas, a través de la
fiscalización de la normativa educacional, del uso de los recursos, la atención
de denuncias y la entrega de información a los establecimientos y sostenedores
del país.
Consejo Nacional de Educación: Es el encargado de revisar,
generar sugerencias, evaluar y aprobar las bases curriculares y otras
herramientas fundamentales para la gestión del sistema educacional, tales como
los estándares de aprendizaje, otros indicadores de la calidad educativa, los
estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y el
Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales.
Considerando las funciones de cada una de estas instituciones, uno
de los desafíos más importantes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
consiste en trabajar coordinada y articuladamente entre todas las instituciones
educativas , garantizando progresivamente las condiciones para que todos los
establecimientos del país impartan una educación de calidad, impulsando el
mejoramiento continuo del sistema escolar. En este sentido tienen como
principal propósito asegurar el desarrollo organizacional y educativo efectivo
de los centros escolares del país con miras a lograr el desarrollo integral de
todas y todos sus estudiantes, otorgando especial apoyo a aquellos liceos,
escuelas y colegios de menor desempeño.
Mientras el MINEDUC implementas la políticas ,
presta asesoría , orienta y el consejo revisa sugiere y
evalúa los aspectos técnicos para que los colegios
alcancen el nivel de calidad deseado; lo interesante es ver como la
superintendencia con su fiscalización contribuye a un nuevo orden
institucional y de gestión pedagógica y la agencia informa orienta
al aula al docente, al sistema, para que al interior de los
establecimientos educativos se produzcan los procesos de
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje
que los tiempos requieren.
A partir de este año 2016 se operacionaliza la ley
SAC en el plan de aseguramiento de la calidad de la gestión
escolar a 4 años. La base del plan es la calidad educativa y se articula,
primero desde lo macro creándose la Secretaría
Ejecutiva del sistema de aseguramiento de la calidad, cuya función es coordinar
las distintas instituciones que la conforman, bajo el órgano rector
que es el Ministerio de Educación.
En cada Región se constituye un gabinete de Aseguramiento de la
calidad, conducido por el SEREMI, donde el jefe de área de Educación oficia
como secretario técnico e integrado por un profesional de la agencia y de la
superintendencia, más los actores locales que cada región considera necesario
invitar. Ellos elaboran un plan regional, de acuerdo a las características
locales de los establecimientos educacionales sus necesidades y recursos
disponibles.
Existen algunos elementos en concreto en que las distintas
instituciones coexisten, por ejemplo:
1.Existencia de una plataforma virtual que concentra, ordene y
ponga a disposición de todos los establecimientos educacionales del país el
conjunto de definiciones curriculares y evaluativas, recursos, herramientas y
materiales de apoyo técnico-pedagógicos existentes, de manera organizada y
fácilmente utilizable. Responsabilidad que comparten el Ministerio de
Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación
2.- Desarrollar e implementar herramientas para fortalecer las
capacidades para la evaluación y autoevaluación tanto a nivel institucional
como de aprendizajes. Responsabilidad que comparten el Ministerio de Educación,
Agencia de Calidad.
3.- Sistematizar y difundir buenas prácticas escolares y de los
sostenedores, y de evidencias de estrategias y prácticas efectivas de apoyo
escolar. (Banco de experiencias escolares de calidad, para ser difundido y/o
distribuido anualmente a todo el sistema escolar.) Responsabilidad que
comparten el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de
Educación
4.- Existencia de un protocolo trabajo conjunto entre la agencia y
el MINEDUC, para la realización de las visitas de evaluación y orientación del
desempeño de la agencia en el marco del SAC
¿Cómo articula las actuaciones de
cada una de las entidades que componen el SAC en favor de la mejora de los
procesos de enseñanza?
El nuevo ordenamiento institucional en que se separan
las funciones de evaluación (asociadas a la Agencia de Calidad) y las de
fiscalización (Superintendencia) con las de apoyo, que debieran concentrarse en
el Ministerio de Educación.; en lo sustantivo, fortalece principalmente la
dimensión de evaluación y presión hacia las escuelas y sus sostenedores, pero
no resuelve adecuadamente la manera en que el Mineduc y/o los sostenedores
deben apoyar los procesos de cambio y mejora escolar. Así, la supervisión del
Mineduc no solo “compite” con otras instituciones, sino que su función queda en
una posición de rezago relativo respecto a otras tareas que el marco
institucional sí ha fortalecido. De esta manera el Mineduc
por un tiempo se transformó en un servicio alternativo de
apoyo a las escuelas, sustituto de una ATE privada y sin una función clara
respecto a todo el sistema educacional. Así como también en el otro extremo,
comunicacional y simbólicamente se priorizaron las instancias de evaluación y
control que desplegó la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación
Escolar.
Las Orientaciones para la asesoría actual enfatizan el trabajo colaborativo
en todos los niveles que sustentan el sistema educativo. La base para instalar
este nuevo escenario es la confianza que debiera primar en todos los
estamentos en todos los estamentos de las escuelas y liceos, en las
redes comunales, en los equipos profesionales que sustentan la asesoría técnica
dentro de los Departamentos Provinciales, y en todos los equipos que existen en
las Secretarías Regionales Ministeriales y en el nivel central, del Ministerio
de Educación, la superintendencia y la Agencia de calidad.
En la práctica, la asesoría considera toda la información
pertinente de las distintas instituciones, para prestar apoyo
contextualizado a las distintas realidades de la escuela. De esta
forma se consideran los informes de las visitas de la agencia de calidad, como
los resultados de las evaluaciones externas (simce) información que es de gran
utilidad. El proceso de fiscalización de la superintendencia
de alguna manera genera ciertas condiciones para que los procesos
educativos se desarrollen adecuadamente (garantizar la llegada de los recursos
que se requieren para la implementación de los PME en el marco de
la ley SEP., lo cual facilitaría en parte el acompañamiento a las
escuelas de parte de la supervisión.
Las orientaciones nacionales plantean que
el apoyo técnico pedagógico debe poner en
práctica el re conceptualización de la “excelencia” y/o “calidad educativa” a
que alude la Reforma Educacional. Para que ello sea posible, los niveles
nacional, regional y provincial están llamados a asumir un trabajo articulado y
proactivo que contribuya a movilizar al sistema escolar, hacia esta nueva
mirada, en consonancia con las particularidades de cada región.
Como dan cuenta Raczynski y otros (2013), este paso corresponde a
un tránsito desde “un paradigma bajo el cual las iniciativas de mejoramiento
escolar se expresaban en programas diseñados centralmente que “bajaban” a las
escuelas y liceos con el apoyo en terreno de los Departamentos Provinciales de
Educación, hacia otro en que la definición del camino específico de
mejoramiento a seguir recae en los establecimientos y su sostenedor, ya que son
ellos los responsables finales de los resultados.
De acuerdo a nuestra experiencia, no hay duda que la SEP en el
marco de la ley SAC ha tenido un impacto sustantivo y favorable en
el trabajo de las escuelas que han ingresado a este sistema. Un estudio
realizado el año 2010 por Fundación Chile concluyó que esta política es
positivamente evaluada por directivos y docentes en la medida que ha permitido
enfrentar el desafío de la mejora escolar con un horizonte claro y definido
autónomamente (el plan de mejoramiento), con metas exigentes (no solo en cuanto
al SIMCE) y con recursos asociados para alcanzar dichas metas. Cumplir con las
exigencias de la SEP se ha transformado en prioritario para directivos
escolares y sostenedores, ordenando sus energías, tiempos y recursos –en un
sentido amplio- para lograr salir airosos en esta exigente y nueva tarea, con
el impacto consiguiente en los procesos internos de los establecimientos.
Es posible apreciar una mejora significativamente mayor en los resultados
de aprendizaje de los establecimientos que ingresaron a la SEP respecto a los
que no lo hicieron, en el período 2007-2011, tanto en el SIMCE de lenguaje como
en matemáticas. Este análisis, que solo puede hacerse para el mundo particular
subvencionado (pues prácticamente no hay escuelas municipales sin SEP), muestra
una tendencia clara y favorable del posible impacto de esta ley..
Interesante es preguntarse en qué invierten los recursos las
escuelas para ir en la búsqueda de sus metas de aprendizaje. La evidencia
indica que parte importante de ellos se destinaron a fortalecer los equipos
especializados de apoyo, a mejorar las condiciones de aprendizaje (sobre todo
para los niños con mayores desafíos socioeducativos) y a fortalecer también la
información con la que cuenta la escuela para el proceso escolar (evaluaciones
de aprendizaje). No es casualidad entonces que sean las escuelas más
desaventajadas socialmente las que más avance muestren.
Con todo, la SEP hoy enfrenta cuestionamientos más importantes,
sobre todo debido al mal uso de los recursos que algunos sostenedores han
hecho, lo que finalmente se traduce en un alejamiento evidente del espíritu de
la ley.
