Principales elementos articuladores que favorecen el aseguramiento de la calidad de la educación

En los últimos años, se ha desarrollado en el país una discusión amplia y profunda acerca del concepto de “educación de calidad”, tanto en el ámbito académico como en el terreno de las políticas públicas, y en el entorno más extendido del debate público nacional. A partir de esta discusión se ha llegado a un consenso respecto a la necesidad de asegurar una “educación de calidad” amplia e integral, que incorpore aspectos tanto individuales como sociales involucrados en el proceso educativo y que ponga el foco en el aprendizaje permanente de las personas, como lo señala el artículo 2º de la Ley General de Educación (LGE):

 “La educación es el proceso permanente de aprendizaje que abarca las distintas etapas de la vida de las personas, y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”

Tal como lo plantea la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley SAC, artículo 1º), es claro que cualquier definición de educación de calidad debe basarse en una concepción integral del ser humano. Se trata de poner en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al niño, niña, joven y/o adulto, promoviendo el despliegue de todas las dimensiones de su desarrollo.

A través de la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley N° 20.529) se reformulan las funciones del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación, y se crean dos nuevas instituciones educativas: La Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, todo ello en pos del mejoramiento de la calidad    de la educación. Esto es consistente con lo señalado en la LGE en su artículo 3º letra b con respecto a que la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales de la educación expresados en el currículum nacional.

De acuerdo a la ley SAC, las instituciones cumplen determinados roles los cuales se   articulan y complementan entre sí, para   dar cumplimiento al mandato de la ley general.

Ministerio de Educación: Es el órgano rector del sistema, y tiene entre sus objetivos proponer e implementar la política educacional, elaborar las bases curriculares y otras herramientas fundamentales para la gestión del sistema educacional (tales como los estándares de aprendizaje, otros indicadores de la calidad educativa y los estándares indicativos de desempeño, entre otros), además de prestar apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales y a sus sostenedores, junto con promover el desarrollo profesional docente.

Agencia de la Calidad de la Educación: Tiene por objeto evaluar y orientar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, evaluar los logros de aprendizaje de las y los estudiantes e informar a los centros escolares y la comunidad sobre su funcionamiento en distintos ámbitos de gestión, para favorecer su mejoramiento continuo

Superintendencia de Educación: Se orienta a asegurar condiciones esenciales para la calidad de la educación y el resguardo de los derechos de todos los actores de las comunidades educativas, a través de la fiscalización de la normativa educacional, del uso de los recursos, la atención de denuncias y la entrega de información a los establecimientos y sostenedores del país.

Consejo Nacional de Educación: Es el encargado de revisar, generar sugerencias, evaluar y aprobar las bases curriculares y otras herramientas fundamentales para la gestión del sistema educacional, tales como los estándares de aprendizaje, otros indicadores de la calidad educativa, los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales.

Considerando las funciones de cada una de estas instituciones, uno de los desafíos más importantes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad consiste en trabajar coordinada y articuladamente entre todas las instituciones educativas , garantizando progresivamente las condiciones para que todos los establecimientos del país impartan una educación de calidad, impulsando el mejoramiento continuo del sistema escolar. En este sentido tienen como principal propósito asegurar el desarrollo organizacional y educativo efectivo de los centros escolares del país con miras a lograr el desarrollo integral de todas y todos sus estudiantes, otorgando especial apoyo a aquellos liceos, escuelas y colegios de menor desempeño.

Mientras el MINEDUC  implementas  la políticas , presta  asesoría , orienta  y el consejo  revisa  sugiere y evalúa  los aspectos  técnicos  para que los colegios alcancen  el nivel de calidad deseado; lo interesante es ver como  la superintendencia  con su fiscalización  contribuye a un nuevo orden institucional  y de gestión pedagógica  y la agencia informa orienta al aula  al docente, al sistema, para  que al interior  de los establecimientos educativos  se produzcan  los procesos  de mejoramiento de la calidad de  la enseñanza y del aprendizaje   que los tiempos requieren.

A partir de este año 2016 se operacionaliza   la ley SAC    en el plan de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar a 4 años. La base del plan es la calidad educativa y se articula, primero desde lo macro creándose la    Secretaría   Ejecutiva del sistema de aseguramiento de la calidad, cuya función es coordinar las distintas instituciones que la conforman, bajo el órgano rector   que es el Ministerio de Educación.

En cada Región se constituye un gabinete de Aseguramiento de la calidad, conducido por el SEREMI, donde el jefe de área de Educación oficia como secretario técnico e integrado por un profesional de la agencia y de la superintendencia, más los actores locales que cada región considera necesario invitar. Ellos elaboran un plan regional, de acuerdo a las características locales de los establecimientos educacionales sus necesidades y recursos disponibles.

Existen algunos elementos en concreto en que las distintas instituciones coexisten, por ejemplo:

1.Existencia de una plataforma virtual que concentra, ordene y ponga a disposición de todos los establecimientos educacionales del país el conjunto de definiciones curriculares y evaluativas, recursos, herramientas y materiales de apoyo técnico-pedagógicos existentes, de manera organizada y fácilmente utilizable.  Responsabilidad que comparten el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación

2.- Desarrollar e implementar herramientas para fortalecer las capacidades para la evaluación y autoevaluación tanto a nivel institucional como de aprendizajes. Responsabilidad que comparten el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad.

3.- Sistematizar y difundir buenas prácticas escolares y de los sostenedores, y de evidencias de estrategias y prácticas efectivas de apoyo escolar. (Banco de experiencias escolares de calidad, para ser difundido y/o distribuido anualmente a todo el sistema escolar.) Responsabilidad que comparten el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación

4.- Existencia de un protocolo trabajo conjunto entre la agencia y el MINEDUC, para la realización de las visitas de evaluación y orientación del desempeño de la agencia en el marco del SAC

 ¿Cómo articula las actuaciones de cada una de las entidades que componen el SAC en favor de la mejora de los procesos de enseñanza? 

El nuevo ordenamiento institucional en que se   separan las funciones de evaluación (asociadas a la Agencia de Calidad) y las de fiscalización (Superintendencia) con las de apoyo, que debieran concentrarse en el Ministerio de Educación.; en lo sustantivo, fortalece principalmente la dimensión de evaluación y presión hacia las escuelas y sus sostenedores, pero no resuelve adecuadamente la manera en que el Mineduc y/o los sostenedores deben apoyar los procesos de cambio y mejora escolar. Así, la supervisión del Mineduc no solo “compite” con otras instituciones, sino que su función queda en una posición de rezago relativo respecto a otras tareas que el marco institucional sí ha fortalecido. De esta manera   el Mineduc  por  un tiempo  se transformó en  un servicio alternativo de apoyo a las escuelas, sustituto de una ATE privada y sin una función clara respecto a todo el sistema educacional. Así como también en el otro extremo, comunicacional y simbólicamente se priorizaron las instancias de evaluación y control que desplegó la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación Escolar.

 Las Orientaciones para la asesoría actual   enfatizan el trabajo colaborativo en todos los niveles que sustentan el sistema educativo. La base para instalar este nuevo escenario es la confianza que debiera primar en todos los estamentos   en todos los estamentos de las escuelas y liceos, en las redes comunales, en los equipos profesionales que sustentan la asesoría técnica dentro de los Departamentos Provinciales, y en todos los equipos que existen en las Secretarías Regionales Ministeriales y en el nivel central, del Ministerio de Educación, la superintendencia y la Agencia de calidad.

 En la práctica, la asesoría considera toda la información pertinente de las distintas instituciones, para prestar apoyo contextualizado   a las distintas realidades de la escuela. De esta forma se consideran los informes de las visitas de la agencia de calidad, como los resultados de las evaluaciones externas (simce) información que es de gran utilidad. El proceso de fiscalización de la superintendencia    de alguna manera   genera ciertas condiciones para que los procesos educativos se desarrollen adecuadamente (garantizar la llegada de los recursos   que se requieren para la implementación de los PME en el marco de la ley SEP., lo cual facilitaría en parte   el acompañamiento a las escuelas de parte   de la supervisión.

 Las orientaciones nacionales plantean que        el apoyo técnico pedagógico debe poner en práctica el re conceptualización de la “excelencia” y/o “calidad educativa” a que alude la Reforma Educacional. Para que ello sea posible, los niveles nacional, regional y provincial están llamados a asumir un trabajo articulado y proactivo que contribuya a movilizar al sistema escolar, hacia esta nueva mirada, en consonancia con las particularidades de cada región.

Como dan cuenta Raczynski y otros (2013), este paso corresponde a un tránsito desde “un paradigma bajo el cual las iniciativas de mejoramiento escolar se expresaban en programas diseñados centralmente que “bajaban” a las escuelas y liceos con el apoyo en terreno de los Departamentos Provinciales de Educación, hacia otro en que la definición del camino específico de mejoramiento a seguir recae en los establecimientos y su sostenedor, ya que son ellos los responsables finales de los resultados.

De acuerdo a nuestra experiencia, no hay duda que la SEP en el marco de la   ley SAC ha tenido un impacto sustantivo y favorable en el trabajo de las escuelas que han ingresado a este sistema. Un estudio realizado el año 2010 por Fundación Chile concluyó que esta política es positivamente evaluada por directivos y docentes en la medida que ha permitido enfrentar el desafío de la mejora escolar con un horizonte claro y definido autónomamente (el plan de mejoramiento), con metas exigentes (no solo en cuanto al SIMCE) y con recursos asociados para alcanzar dichas metas. Cumplir con las exigencias de la SEP se ha transformado en prioritario para directivos escolares y sostenedores, ordenando sus energías, tiempos y recursos –en un sentido amplio- para lograr salir airosos en esta exigente y nueva tarea, con el impacto consiguiente en los procesos internos de los establecimientos.

Es posible apreciar una mejora significativamente mayor en los resultados de aprendizaje de los establecimientos que ingresaron a la SEP respecto a los que no lo hicieron, en el período 2007-2011, tanto en el SIMCE de lenguaje como en matemáticas. Este análisis, que solo puede hacerse para el mundo particular subvencionado (pues prácticamente no hay escuelas municipales sin SEP), muestra una tendencia clara y favorable del posible impacto de esta ley..

Interesante es preguntarse en qué invierten los recursos las escuelas para ir en la búsqueda de sus metas de aprendizaje. La evidencia indica que parte importante de ellos se destinaron a fortalecer los equipos especializados de apoyo, a mejorar las condiciones de aprendizaje (sobre todo para los niños con mayores desafíos socioeducativos) y a fortalecer también la información con la que cuenta la escuela para el proceso escolar (evaluaciones de aprendizaje). No es casualidad entonces que sean las escuelas más desaventajadas socialmente las que más avance muestren.

Con todo, la SEP hoy enfrenta cuestionamientos más importantes, sobre todo debido al mal uso de los recursos que algunos sostenedores han hecho, lo que finalmente se traduce en un alejamiento evidente del espíritu de la ley.